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El máximo tribunal de lo contencioso administrativo en Colombia suspendió provisionalmente los efectos del decreto que fijó el incremento del salario mínimo para 2026 en un 23,7 %.

La decisión ordena al Gobierno Nacional expedir, en un plazo de ocho (8) días calendario, un nuevo decreto transitorio que cumpla estrictamente con los parámetros legales y constitucionales vigentes.

Desde OLEA LEGAL analizamos qué significa esta medida, cuál es su impacto para empresas y trabajadores, y qué debe ocurrir en los próximos días.

¿Qué decidió el Consejo de Estado?

El magistrado ponente que estudia la demanda contra el decreto adoptó una medida cautelar de suspensión provisional, mientras se decide de fondo la legalidad del acto administrativo.

La decisión implica:

• Se suspenden provisionalmente los efectos jurídicos del decreto.
• El Gobierno debe expedir un nuevo decreto transitorio.
• El nuevo acto debe aplicar integralmente los criterios técnicos previstos en la ley.
• La suspensión comenzará a regir cuando el Ejecutivo publique el nuevo decreto.

El tribunal enfatizó que la fijación del salario mínimo no puede obedecer exclusivamente a una determinación política, sino que debe estar sustentada en criterios objetivos y técnicos.

¿Cuáles son los criterios obligatorios?

Conforme al artículo 8 de la Ley 278 de 1996, el Gobierno deberá considerar:

• Meta de inflación definida por la Junta Directiva del Banco de la República para 2026.
• Productividad acordada por el Comité Tripartito de Productividad coordinado por el Ministerio del Trabajo.
• Crecimiento del PIB.
• Inflación real medida por el IPC.

El eje central de la decisión es la concertación tripartita entre Estado, empresarios y trabajadores, acompañada de una evaluación técnica integral.

¿Qué pasa con el salario mínimo actual?

Desde el 1° de enero de 2026 había entrado en vigencia el incremento del 23,7 %, estableciendo:

• Salario mínimo: $1.750.905
• Auxilio de transporte: $249.095
• Ingreso total mensual: $2.000.000

Según lo conocido hasta ahora, el aumento continúa aplicándose mientras se expide el nuevo decreto transitorio. El Gobierno tiene ocho días para emitirlo.

Impacto para empresas

La decisión genera un escenario de transición jurídica que exige prudencia y planeación:

1. Revisión inmediata de nóminas y provisiones laborales.
2. Análisis del impacto financiero en contratos indexados al salario mínimo.
3. Evaluación de contingencias laborales y contractuales.
4. Seguimiento activo al nuevo decreto que se expida.

Para sectores intensivos en mano de obra (como transporte, logística y servicios), esta situación puede impactar:

• Costos laborales.
• Seguridad social.
• Prestaciones sociales.
• Contratos estatales y privados con cláusulas de reajuste.

‍ ¿Qué viene ahora?

El Gobierno del presidente Gustavo Petro deberá:

• Expedir un decreto transitorio en ocho días.
• Sustentar técnicamente el porcentaje provisional.
• Aplicar estrictamente los parámetros macroeconómicos exigidos por la ley.

Posteriormente, el Consejo de Estado decidirá de fondo sobre la legalidad del incremento del 23,7 %.

Análisis OLEA LEGAL

Esta decisión refuerza tres principios clave:

1. Control judicial efectivo sobre actos administrativos económicos.
2. Preeminencia de criterios técnicos sobre decisiones discrecionales.
3. Seguridad jurídica en la fijación del salario mínimo.

Para las empresas, el mensaje es claro:
�Es momento de actuar con planeación, seguimiento normativo y respaldo jurídico estratégico.

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