En el complejo mundo del derecho societario colombiano, el cambio es un proceso que a menudo enfrenta una resistencia considerable. Sin embargo, tras intensas luchas legislativas, discusiones en la esfera pública y una sólida argumentación jurídica, finalmente se dió un paso adelante significativo con la promulgación del Decreto 46 del 30 de enero de 2024. El reciente decreto introduce cambios en la regulación vigente para adecuarla a la realidad económica de las sociedades. El Decreto 046 del 30 de enero de 2024 modifica el Capítulo 3 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, el cual trata sobre el numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995. Este cambio tiene como objetivo actualizar la normativa existente considerando la situación económica actual de las sociedades, especialmente en lo que concierne a la interpretación de los conflictos de intereses y de competencia que involucran a los administradores.

Con estas modificaciones, se profundiza en el régimen de conflictos de intereses y de competencia, complementando lo establecido en la Ley 155 de 1959 respecto a los conflictos de competencia de los administradores.

Este Decreto marca un hito en la evolución del régimen legal societario colombiano, siendo el primer gran cambio desde la Ley 1258 de 2008. Ha requerido años de debate, análisis y esfuerzos conjuntos para llegar a este punto, donde finalmente se atienden algunos de los aspectos más críticos del sistema, especialmente en lo que respecta al rol y las responsabilidades de los administradores de las empresas.

Una de las principales mejoras que trae consigo el Decreto 46 es la definición legal de conceptos clave como el conflicto de interés y los actos de competencia, dos áreas que anteriormente habían sido motivo de debate y controversia en el ámbito jurídico. Estas definiciones proporcionan claridad y establecen un marco jurídico sólido para abordar situaciones que puedan comprometer el patrimonio social.

Además, el Decreto aborda la cuestión de las personas que pueden representar un conflicto de interés para los administradores, enumerando detalladamente varios escenarios potenciales. Esto contribuye a una mayor transparencia y claridad en las relaciones comerciales dentro de las empresas.

Otro aspecto destacado es el establecimiento de un procedimiento de autorización por parte del máximo órgano social para casos en los que los administradores se enfrenten a situaciones de conflicto de interés o actos de competencia. Esta medida garantiza una mayor supervisión y responsabilidad en la toma de decisiones, protegiendo así los intereses de la sociedad.

Además, se introduce la posibilidad de una autorización general para ciertos tipos de operaciones recurrentes, lo que elimina dudas previas sobre la viabilidad de tales autorizaciones en el sistema legal colombiano.

Por último, el reconocimiento explícito del criterio empresarial de los administradores y la regulación que permite a cualquier accionista reclamar la responsabilidad de los administradores por perjuicios a la compañía representan avances significativos en la protección de los intereses de todas las partes involucradas en una empresa.

En Olea Legal, nos complace ver cómo el Decreto 46 del 30 de enero de 2024 marca un cambio positivo en el panorama legal societario colombiano. Estamos comprometidos en ayudar a las empresas a entender y cumplir con estas nuevas disposiciones, proporcionando asesoramiento legal experto y servicios personalizados para garantizar un cumplimiento efectivo y proteger los intereses de nuestros clientes en este nuevo entorno legal.

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¿Qué ofrecemos?

Análisis y Asesoramiento Especializado: Realizamos un análisis exhaustivo del Decreto 46 para entender cómo afecta específicamente a las empresas y proporcionamos un asesoramiento legal detallado sobre las acciones necesarias para cumplir con sus disposiciones.

Implementación de Procedimientos de Cumplimiento: Ayudamos en la implementación de procedimientos internos que aseguren el cumplimiento de las nuevas regulaciones, especialmente en lo relacionado con conflictos de interés, actos de competencia y autorizaciones por parte del máximo órgano social.

Formación y Capacitación: Ofrecemos sesiones de formación y capacitación a directivos y empleados para garantizar que estén completamente informados sobre las implicaciones del Decreto 46 y cómo cumplir con sus requerimientos.

Auditoría Legal: Realizamos auditorías legales internas para identificar áreas de riesgo en el cumplimiento del Decreto 46 y ofrecemos recomendaciones específicas para mitigar dichos riesgos y evitar posibles sanciones.

Representación Legal: En caso de disputas o reclamaciones relacionadas con el cumplimiento del Decreto 46, proporcionamos representación legal experta para proteger los intereses de las empresas de transporte y resolver cualquier conflicto de manera eficiente.

¿Por qué elegirnos?

Experiencia y Especialización: Contamos con un equipo de abogados especializados en derecho societario, con experiencia en la implementación de cambios legales en empresas similares a las tuyas.

Compromiso con el Cumplimiento Legal: Nos comprometemos a trabajar en estrecha colaboración contigo para garantizar que tu empresa de transporte cumpla con todas las disposiciones del Decreto 46 y evite posibles sanciones o conflictos legales.

Enfoque Personalizado: Adaptamos nuestros servicios a las necesidades específicas de tu empresa de transporte, brindándote soluciones a medida que se ajusten a tu situación particular y objetivos comerciales.

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